Seguridad ciudadana

El pasado viernes, 29 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana donde se establecen una serie de sanciones, muy graves, graves y leves, que imponen multas entre 100 y 600.000€

El código penal ya recoge los delitos de daños y desórdenes públicos, también el de resistirse a la autoridad o atentar contra ella. La mayoría de los ejemplos que el Gobierno pone para justificar la reforma que propone con el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana ya son delito sin necesidad de que se hagan cambios. Sin embargo se ha visto necesario tipificar toda una serie de infracciones que en muchos casos quedarán al arbitrio de la policía que será quien determinará si nuestro comportamiento puede ser punible.

Parece que el hecho de que los jueces estén considerando que lo que hace la Plataforma de Afectados por la Hipoteca no sea otra cosa que el ejercicio de un derecho democrático, molesta al Gobierno. Cuando esta nueva ley se apruebe, las personas que paralicen un desahucio podrían ser multadas con el pago de hasta 30.000€

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que se aprobó el Anteproyecto, la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, destacó el refuerzo y la protección de los derechos y libertades que supone la nueva ley. El caso es que el Consejo de Europa,  institución que se encarga de velar por la democracia y los derechos humanos, ha calificado de “altamente problemática” la propuesta. Nils Muiznieks, su responsable de derechos humanos, duda de que “estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática” para mantener el orden público y cree que se debería velar por la seguridad “sin interferir demasiado en la libertad de reunión” y de manifestación.

Mayoría silenciosa. Los calvitos

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Es bastante evidente que el anteproyecto deja vía libre a decisiones de carácter arbitrario y que algunos de los conceptos que se manejan para establecer las infracciones están muy poco claros. ¿Qué significa ofender a España? Pues estarán castigadas con multas de entre 1.000 y 30.000€ las “ofensas o ultrajes” a España, las comunidades autónomas, entidades locales y sus instituciones, símbolos o himnos.

En una sociedad democrática y de derecho, la libertad para expresar discrepancias con las políticas del gobierno debe estar preservada.

Guía práctica para manifestantes

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